Durante 2010 los mexicanos festejamos el bicentenario del inicio de la lucha por la Independencia de la Nueva España que diez años más tarde, después de una penosa guerra civil, llevó a la consumación de la misma (1821) y al establecimiento del Estado mexicano, libre, independiente y soberano bajo una fórmula política propia de la época: el Imperio Constitucional que en 1824 daría paso a la República federal.
Los mexicanos celebramos en particular el hecho de que esa lucha tuviera, entre otras justas razones, el deseo de salvar la religión y a la Iglesia católica en la Nueva España, amenazadas por los ataques de los ilustrados europeos, en particular de los franceses que entonces habían invadido España e impuesto a un rey, José I, hermano de Napoleón.
Que el líder del movimiento insurgente fuese un cura, don Miguel Hidalgo, y que su principal estratega fuese otro, don José María Morelos, no es casual, como tampoco el hecho de que muchos clérigos y frailes de la época, si bien no la mayoría, apoyaran de diversas formas la lucha insurgente. La religión y la Iglesia estuvieron realmente en peligro con dicha invasión y con la secuela de ideas que derramó en la Nueva España. De esta forma, toda la insurgencia, desde el Grito de Dolores hasta la Constitución de Apatzingán, se entendió como un combate en pro de la religión y de la Iglesia, entre otras razones. Así nuestra primera Acta de Independencia, la del 6 de noviembre de 1813, estableció que la nación mexicana. «no profesa ni reconoce otra religión mas que la católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna; que protegerá con todo su poder, y velará sobre la pureza de la fe y de sus demás dogmas, y conservación de los cuerpos regulares» (frailes y monjas).
Este mismo objetivo se mantuvo a lo largo de los años y dio contenido prácticamente a todo el discurso político mexicano de la primera mitad del siglo XIX. Y, desde luego, fue uno de los argumentos enarbolados por el movimiento Trigarante encabezado por don Agustín de Iturbide en 1821, hace exactamente dos siglos, con lo cual se observa una absoluta coherencia entre la insurgencia y la Trigarancia. Salvar la religión y conservar a la Iglesia fueron en los orígenes del México independiente la razón de ser del propio nuevo Estado. Así lo estableció el Plan de Iguala, firmado por Iturbide en 1821 y aceptado por los insurgentes encabezados por don Vicente Guerrero y don Pedro Ascencio. Una de sus Tres Garantías fue, precisamente, la «religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de otra alguna» y la conservación de los fueros y propiedades del clero secular y regular. Lo paradójico del caso es que quien lo proclamara ya no fuera un cura o un fraile, sino un militar. Junto con las garantías de la Independencia y la Unión formaría el programa que llevaría a la feliz independencia de la Nueva España y al nacimiento de México. Desde entonces los colores de nuestra bandera significan eso: el verde, la independencia; el blanco la religión; y el rojo, la unión.
Si esto fue así, se debe, sin duda alguna, a las creencias religiosas firmemente arraigadas en el pueblo novohispano, no obstante sus evidentes diferencias sociales y raciales. Creencias simbolizadas en la devoción a la Virgen de Guadalupe, pero también en las múltiples devociones regionales, surgidas desde la conquista española y que forman el origen del variopinto mosaico devocional del México actual, en las prácticas de fe y en las costumbres religiosas que hacen de los mexicanos un pueblo profunda y sinceramente religioso.
Hoy que México cumple sus primeros doscientos años como país independiente, vale la pena reflexionar en esto y celebrar el hecho de que el programa Trigarante se llevó a cabo de forma rápida y con poco número de vidas; tal vez porque en el fondo, los mexicanos querían y creían en lo mismo, y supieron unirse en sus diferencias y desigualdades para constituirse en un país independiente. A ello, sin duda, colaboró la religión católica.
Jaime del Arenal Fenochio
Centro de Estudios Interdisciplinarios
