Escrito por: Julio Muñoz Solís, Departamento de Didáctica UPM
La cooperación internacional es un ideal que surgió en el siglo XIX basado en las relaciones de amistad, de acciones conjuntas y alianzas estratégicas entre países, regiones, organismos e instituciones diversas buscando de manera conjunta, el camino del desarrollo institucional y el de sus pueblos. Dicha cooperación puede tener distintas finalidades, por ejemplo, en el Congreso de Viena de 1815 busca proceder al reparto de los Estados de Europa dando fin a las invasiones napoleónicas, la intención era mantener la paz; en el caso de las Conferencias de la Haya (1899 y 1907) la cooperación se da en materia de desarme y derecho en la guerra y que, además, sientan las bases del Derecho Internacional humanitario. Otro ejemplo de cooperación, lo tenemos sin duda, en la Sociedad de Naciones que junto a la Organización Internacional del Trabajo son los cimientos de la Organización de las Naciones Unidas quienes en 1945 adoptan la Carta de San Francisco buscando como finalidad el mantenimiento de la paz. A partir de este momento, comienzan a proliferar las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales de carácter internacional, tanto del ámbito universal (como la ONU, UNICEF, OMS, etc.) como regional (OTAN, OEA, UE, etc.).
La conformación, régimen, influencia y competencia de dichas organizaciones están regidas por el Derecho Internacional Público cuando se refiere a los Estados y, por ende, gozan de personalidad jurídica en el marco del Derecho internacional. Conviene decir que, el común denominador de las organizaciones de cooperación internacional está estrechamente relacionado con el ideal de desarrollo. Según Pérez Bravo y Sierra Medel (1998), la Cooperación Internacional para el Desarrollo, refiere la movilización de recursos financieros, técnicos y humanos para resolver problemas específicos del desarrollo, fomentar el bienestar y fortalecer las capacidades nacionales; donde los recursos que se involucran pueden ser de naturaleza reembolsable, así como no reembolsable.
Esta cooperación no se limita a la ayuda emergente en caso de desastres naturales, sismos o situaciones de guerra, sino que la cooperación internacional puede verse desde la perspectiva de romper las desigualdades entre naciones pobres y ricas y contribuir con las políticas nacionales a disminuir las desigualdades internas de los países. Es decir, desde una filosofía social se busca contribuir a la igualdad de oportunidades mediante una Agenda Pública Internacional. Algunos de estos organismos internacionales de cooperación son el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Fondo Monetario Internacional que en el caso específico que nos interesa, tienen influencia en el sector educativo en nuestro país.
Ahora bien, una de las banderas primordiales de los estados democráticos es la soberanía cuya doctrina se funda en la autoridad suprema, exclusiva e independiente del Estado ante cualquier otra autoridad, concepción fundamental de la doctrina clásica del Derecho internacional. ¿Cómo afrontamos el tema de la soberanía con la influencia de los organismos internacionales o de cooperación internacional? ¿Pueden subsistir ambas concepciones o se limita una a la otra? El problema es complejo, pues no se trata de adaptar el poder soberano al cumplimiento de normas o directrices que establecen los organismos internacionales, ¿Se trata de que el Estado abandone parte de su independencia a la organización internacional? ¿Cuáles son las implicaciones de la cooperación internacional?
El art. 7 de la Carta de las Naciones Unidas dice: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”. Entonces ¿Qué valor tienen estas recomendaciones? La mayoría de la doctrina ha admitido, a lo sumo, la existencia de una obligación de carácter moral o político. Es decir, los Estados no deben ceder parte de su soberanía a los criterios de índole internacional, sin embargo, debería fortalecer la cooperación internacional.
En México, la influencia de los organismos internacionales en el ámbito educativo es determinante, el Banco Mundial (BM); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tienen un impacto que ha contribuido a una homogeneización de los modelos educativos ante la emergencia de un orden educativo mundial. Desde los criterios de evaluación bajo estándares internacionales, el financiamiento y las recomendaciones sobre políticas educativas en cada uno de los niveles educativos, se busca integrar a los individuos a la economía local o global de mercado, es decir, es intencionalmente dirigida al sistema globalizado y a la integración a un sistema capitalista fundado en la competitividad.
El Estado Mexicano debe sostener una política pública en materia de educación fundada en lo local, en las particularidades culturales y los criterios de orden regional, sin negar la cooperación en la federación e incluso internacional, siempre y cuando no se atente contra el principio de soberanía y del bien común de la sociedad mexicana. Explorar lo local más allá de lo global, atender las particularidades culturales y sociales desde nuestras realidades, pueden ser las líneas de las políticas educativas en nuestro país. Aunque aquí surge otro de los temas que vale la pena reflexionar en futuros espacios ¿es viable la centralización educativa que tiene nuestro país? ¿Podría ser la descentralización una medida adecuada para la mejora del sistema educativo y el cambio de paradigma formativo desde nuestras realidades específicas? Sigamos reflexionando sobre estos temas.
